Durante septiembre se registraron cambios importantes en las políticas migratorias de Estados Unidos. Algunas medidas ya están vigentes y otras permanecen bajo revisión judicial. Estos son los puntos más relevantes para nuestra comunidad.

Nueva regla de carga pública y formulario I-485

Desde el 18 de septiembre de 2026 entró en vigor una nueva regla de carga pública para determinadas personas que solicitan la residencia permanente mediante ajuste de estatus.

USCIS comenzó también a aceptar exclusivamente la edición 09/18/26 del Formulario I-485 para solicitudes presentadas a partir de esa fecha, sin periodo de gracia para versiones anteriores.

La política permite evaluar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Recibir un beneficio público no significa automáticamente la negación de la residencia y existen categorías exentas.

Antes de presentar una solicitud, es importante verificar la edición del formulario y revisar cuidadosamente la información relacionada con ingresos, recursos económicos, salud y situación familiar.

Mayor revisión de redes sociales para ciertas visas

A partir del 1 de octubre, el Departamento de Estado amplió la revisión de la presencia en internet de solicitantes de visas TN, para determinados profesionistas de México y Canadá; TD, para sus dependientes; e I, para representantes de medios de comunicación extranjeros.

Los solicitantes reciben instrucciones de mantener públicos o abiertos sus perfiles de redes sociales durante el proceso.

La revisión ya se aplica a otras categorías migratorias. Por ello, es recomendable verificar publicaciones, datos personales y antecedentes incluidos en las solicitudes, ya que contradicciones entre formularios, entrevistas e información disponible en internet pueden generar preguntas adicionales.

Decisión limita ciertos arrestos sin orden judicial

Un tribunal federal impuso límites a los arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California. Los agentes deberán evaluar individualmente si existe riesgo de que una persona escape antes de efectuar un arresto sin orden.

La decisión comprende Riverside —y, por lo tanto, el Valle de Coachella—, además de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. No incluye el condado de Imperial.

Se trata de una orden preliminar mientras continúa el proceso judicial y no impide todos los arrestos migratorios.

ICE deja de mostrar la ubicación de miles de detenidos

Desde el 15 de septiembre, ICE dejó de mostrar en su localizador digital los nombres y ubicaciones de más de 16,000 personas detenidas con órdenes finales de deportación.

La medida ha dificultado que familiares y abogados conozcan su ubicación, especialmente después de traslados entre centros de detención.

Una orden final de deportación no necesariamente significa que se hayan agotado todas las opciones legales. Si una persona desaparece del localizador, tampoco debe suponerse de inmediato que fue deportada. La familia puede consultar con su abogado y comunicarse con los centros de detención y oficinas correspondientes.

Deportaciones a terceros países

El 29 de septiembre, la Corte Suprema suspendió una decisión de un tribunal inferior que había invalidado la política utilizada para deportar a ciertas personas a países distintos de su nación de origen.

Mientras continúa el caso, el Departamento de Seguridad Nacional puede mantener esta práctica. La Corte todavía deberá resolver sobre su legalidad y analizar, entre otros aspectos, qué oportunidades deben tener las personas para expresar temor de persecución o tortura en el país al que serían enviadas.

SAVE podrá utilizarse para verificar votantes

La Corte Suprema permitió temporalmente ampliar el uso del sistema SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios).

El sistema puede comparar información migratoria con datos del Seguro Social para ayudar a gobiernos estatales y locales a verificar la ciudadanía de personas registradas para votar.

Cuando SAVE no confirme la ciudadanía, la autoridad correspondiente deberá contactar a la persona y solicitar documentación adicional. Esto podría afectar particularmente a ciudadanos naturalizados cuyos registros no estén actualizados.

La autorización permanece sujeta al litigio y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del programa.

Informarse antes de actuar

Ante tantos cambios, la mejor protección sigue siendo la información responsable. Evite rumores y publicaciones alarmistas, consulte fuentes oficiales y busque asesoría profesional antes de tomar una decisión migratoria.

“Cuando estamos informados, estamos preparados.”

— Patricia Parrilla

Por Patricia Parrilla | LatinoAmericanos Magazine — Octubre 2026